El paquete fiscal 2026 contiene cambios trascendentales para el sector financiero, con efectos que podrían trasladarse al bolsillo de millones de mexicanos. Así lo revela un análisis, elaborado por EY, firma líder en servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría, estrategia y transacciones.
De acuerdo con Allen Saracho, Socio líder de Impuestos para el Sector Financiero de EY México, “es importante analizar y discutir los ajustes que conlleva la reforma fiscal 2026 para los servicios financieros, y la transformación del régimen tributario para aseguradoras y bancos”.
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Aseguradoras: IVA de indemnizaciones genera costo directo
El cambio más relevante se enfoca en el sector asegurador. La reforma elimina la posibilidad de que las aseguradoras acrediten el IVA pagado en servicios o bienes utilizados para indemnizar a sus asegurados (reparaciones, hospitalización, reposición, etc.).
A partir de 2026, el IVA que las aseguradoras pagan por servicios de indemnización dejará de ser considerado un crédito fiscal y se convertirá en un costo directo para ellas.
Esta modificación en el costo operativo tiene una consecuencia directa para los consumidores, se estima que las primas de seguros de auto y de gastos médicos mayores podrían aumentar entre un 10 y 20%, de acuerdo con estimaciones del sector asegurador.
“Ese IVA deja de ser un crédito fiscal y se convierte en un costo directo para las aseguradoras, lo que podría deteriorar sus márgenes operativos. La consecuencia: ese costo se trasladará —total o parcialmente— a los consumidores finales, mediante un incremento en las primas”, explica Allen Saracho.
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Banca y crédito: deducción de incobrables se endurece
La reforma también endurece las reglas para la deducción de créditos incobrables para las instituciones de crédito.
- Homologación de normas: el trato especial que permitía a los bancos deducir pérdidas de crédito bajo reglas particulares será sustituido por la aplicación de normas generales en 2026.
- Requisitos más estrictos: la deducción solo será procedente cuando se acredite el cumplimiento de requisitos administrativos o judiciales, como la prescripción o la “notoria imposibilidad práctica de cobro”. Lo anterior, podría generar un incremento en la incertidumbre jurídica y un costo del riesgo más elevado.
El financiamiento podría volverse más costoso o limitado, ya que los bancos se podrían ver forzados a endurecer sus criterios de otorgamiento: mayores garantías, tasas más elevadas o plazos más cortos. Esto afectará la capacidad de inversión y consumo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y ciudadanos que buscan vivienda.
El análisis concluye que las consecuencias pueden ser: primas más altas, acceso posiblemente más restringido al crédito, y un desaliento a la inversión y la expansión empresarial.
“Conviene llevar a cabo un debate amplio, que considere no sólo la recaudación fiscal, sino los costos sociales y económicos derivados de estas medidas. Resulta prioritario que, legisladores, reguladores, aseguradoras, bancos, empresas y consumidores evalúen, antes de que entren en vigor los nuevos cambios, estrategias de mitigación, incentivos para inclusión financiera, o políticas públicas que fomenten el acceso a seguros y crédito”, concluye Allen Saracho, Socio líder de Impuestos para el Sector Financiero de EY México.
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