En una respuesta directa a las prácticas de cobranza que dejan en la indefensión a los sectores más vulnerables, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), encabezado por el diputado Adrián González Naveda, presentó una iniciativa de reforma integral para proteger los programas sociales de cualquier tipo de retención o embargo bancario.
Bajo el nombre de “Ley Myrna”, esta propuesta legislativa fue diseñada en conjunto con la asociación civil El Barzón, organización con décadas de trayectoria en la defensa de deudores. La iniciativa busca que los apoyos económicos del Gobierno Federal sean reconocidos legalmente como un recurso de carácter alimentario, lo que los hace constitucionalmente intocables.
La reforma no nace de la abstracción, sino de la realidad. El nombre de la ley rinde tributo a Myrna, una ciudadana de 67 años cuya cuenta bancaria fue congelada para saldar un crédito mercantil. Al ser su pensión su única fuente de ingresos para tratar padecimientos como la diabetes y el síndrome mielodisplásico, el embargo preventivo puso en riesgo su vida.
“No son un privilegio, son un derecho para garantizar una vida digna. Escuchar a organizaciones como El Barzón nos permite construir leyes con pertinencia social y detener injusticias”, señaló el legislador González Naveda durante la presentación.
La iniciativa busca modificar el Código Civil Federal, el Código de Comercio y la Ley de Instituciones de Créditopara establecer los siguientes candados:
- Protección Total: Las pensiones para adultos mayores y becas educativas serán inembargables, intransferibles e irrenunciables.
- Blindaje Bancario: Las instituciones financieras estarán obligadas a identificar estas cuentas para evitar bloqueos automáticos, incluso si existe una orden judicial precautoria.
- Prioridad al Interés Superior: La única excepción permitida será para el pago de pensiones alimenticias dictadas por un juez en favor de hijos o La propuesta establece que, una vez aprobada, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tendrá un periodo de 120 días para emitir la regulación técnica que los bancos deberán seguir. Esto obligará a la banca privada a modernizar sus criterios de retención y respetar el patrimonio social de los beneficiarios.
Actualmente, la Ley Myrna se encuentra en análisis en las comisiones de la Cámara de Diputados. Su aprobación representaría una victoria histórica para la sociedad civil organizada y un alto definitivo a los abusos de los despachos de cobranza contra la población de la tercera edad.
