El diputado federal propone que las multinacionales respondan por el funcionamiento real de sus códigos de conducta y que contratar directivos extranjeros se realice en condiciones de equidad frente al talento mexicano.
Ciudad de México. México ya cambió las reglas del trabajo, pero falta cambiar las del poder corporativo para que esos avances se traduzcan también en mejores salarios, oportunidades de crecimiento y protección efectiva para los trabajadores mexicanos. Así lo plantea el diputado federal Adrián González Naveda, quien anunció que presentó una iniciativa para que las grandes empresas respondan por la efectividad de sus mecanismos de denuncia y por la equidad en las condiciones de contratación, remuneración y ascenso de su personal mexicano y extranjero.
“Durante décadas se nos dijo que para atraer inversión había que ofrecer salarios bajos, trabajadores baratos y pocas preguntas”, afirma. Esa etapa, sostiene, “debe quedar atrás”.
Un cambio que “sería mezquino desconocer”
El legislador reconoce los avances recientes. Recuerda que la reforma de 2019 sustituyó un sistema de justicia laboral agotado por uno basado en conciliación prejudicial y tribunales laborales, fortaleció la libertad sindical y prohibió las formas abusivas de subcontratación.
Como ejemplo cita el salario mínimo general, que pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 315.04 en 2026, con un aumento de 13 por ciento solo este año. Añade que la OCDE ha reconocido el cambio: entre enero de 2021 y enero de 2025, el salario mínimo real mexicano registró uno de los mayores incrementos entre los países de la organización.
“No fue casualidad. Fue una decisión política: dejar de construir competitividad sobre salarios de supervivencia”, dice. Aun así, advierte, “sería igualmente equivocado pensar que la tarea terminó”.
Códigos de ética: ¿publicidad o compromiso?
El diputado señala una “curiosa asimetría”: las corporaciones publican códigos de ética, compromisos ESG y políticas de diversidad que generan valor reputacional, atraen inversionistas y talento, pero su exigibilidad suele ser “extraordinariamente limitada” cuando fallan.
“La ética corporativa no puede funcionar como publicidad cuando conviene y como literatura aspiracional cuando incomoda”, afirma. Para las personas trabajadoras mexicanas, sostiene, esos compromisos deben traducirse en igualdad de condiciones y en la posibilidad de denunciar abusos sin poner en riesgo su empleo, sus ingresos o su carrera.
Aunque aclara que el problema “es mucho mayor que una empresa”, menciona que hay procedimientos pendientes en México con señalamientos de discriminación, hostigamiento y represalias contra una compañía internacional de ropa de mezclilla que ha hecho de la igualdad y la inclusión parte central de su identidad pública. “Cuando una empresa presenta sus valores como parte de su legado, es legítimo preguntar si esos mismos valores se reflejan en el trato que reciben sus trabajadores mexicanos” señala.
La señal de la Corte
González Naveda recordó que el 30 de abril de 2025 la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió un asunto de discriminación laboral y responsabilidad penal de personas jurídicas. Según explica, la Corte sostuvo que una empresa puede responder penalmente cuando concurren ciertos elementos y que el beneficio obtenido no necesariamente tiene que ser monetario. Para él, el mensaje es claro: “la complejidad corporativa no debe convertirse en impunidad corporativa”.
Talento mexicano: oportunidades y remuneración
El diputado da la bienvenida a profesionales extranjeros, pero cuestiona que expresiones como “perfil internacional” o “visión global” terminen perpetuando “círculos cerrados de expatriados” en los puestos de mayor influencia y remuneración. “No se trata de señalar a quien viene de fuera. Se trata de preguntarnos qué oportunidades estamos construyendo para quienes ya están aquí”, dice.
Advierte que el problema no se limita al acceso a esos puestos, sino que también comprende los casos en que personal extranjero recibe salarios y prestaciones superiores a los de trabajadores mexicanos que desempeñan funciones similares, sin una justificación objetiva basada en sus responsabilidades, experiencia o capacidades.
“Si a un mexicano se le cierran las puertas para ascender y, además, se le paga menos por hacer un trabajo similar, la desigualdad es doble. El talento mexicano merece oportunidades para dirigir y una remuneración que reconozca lo que aporta, sin que su nacionalidad lo coloque en desventaja”, sostiene. El problema aumenta exponencialmente si además el mexicano discriminado teme alzar la voz por un temor fundado a represalias que en algunos casos llegan desde la asignación de cargas adicionales de trabajo hasta la propia expulsión de la compañía.
Señala que la preferencia sistemática por directivos extranjeros, acompañada de diferencias salariales injustificadas y de la falta de desarrollo del personal nacional, puede contribuir al desplazamiento de mexicanos de los puestos mejor remunerados y reducir sus oportunidades de contratación y crecimiento.
Agrega que la presión sobre la vivienda en las ciudades genera una paradoja: el mexicano “paga precios internacionales para vivir en su propia ciudad mientras compite en condiciones desiguales por los puestos mejor pagados”.
“Las personas no son recursos”
El legislador propondrá también revisar el lenguaje de las disposiciones y políticas públicas federales para privilegiar el concepto de “persona trabajadora” frente a “recursos humanos”. Aclara que no es “una ocurrencia lingüística” ni busca regular cada palabra dentro de una empresa. “Los recursos se adquieren, se administran, se sustituyen y se desechan. Las personas tienen dignidad, derechos, aspiraciones, familias y proyectos de vida”, sostiene.
Los cuatro ejes de la iniciativa
Bajo el principio de que “México debe seguir abierto al mundo, pero no puede estar abierto a la discriminación”, la propuesta contempla:
1. Que las grandes empresas acrediten que sus mecanismos de denuncia funcionan de manera efectiva y no solo documental: que las denuncias se investigan, que hay protección real contra represalias y que las políticas de no discriminación tienen consecuencias, para que las personas trabajadoras puedan defender sus derechos sin arriesgar su empleo o su desarrollo profesional.
2. Que la estructura societaria de los grupos multinacionales no sirva para diluir responsabilidades ni deje a los trabajadores mexicanos sin una respuesta efectiva frente a los abusos.
3. Una política de remuneración, cargas de trabajo y posibilidades de ascenso en condiciones de igualdad entre nacionales y extranjeros, y una política real de desarrollo y transferencia de capacidades hacia talento mexicano cuando se recurra sistemáticamente a personal extranjero en alta dirección, para ampliar sus oportunidades de ascenso y acceso a los puestos mejor remunerados.
4. Que la contratación y renovación de ciertos directivos extranjeros genere obligaciones económicas para la empresa patrocinadora, mediante reformas a la Ley Federal de Derechos, con cuotas progresivas de hasta un millón de pesos, mecanismos contra la elusión y obligaciones de transferencia de conocimiento.
“No queremos impedir que venga talento internacional. Queremos que traer un directivo extranjero tenga una justificación y que desarrollar talento mexicano deje de ser una frase en una presentación de Recursos Humanos”, afirma. El objetivo, explica, es que la presencia de empresas globales contribuya a formar y promover a mexicanos para ocupar posiciones de mayor responsabilidad y remuneración.
Preguntas para las empresas
González Naveda considera que las compañías con políticas globales de ética y diversidad deberían explicar públicamente cómo operan en México: cómo protegen a quienes denuncian, qué porcentaje de sus posiciones directivas ocupa talento mexicano, cómo justifican las diferencias de remuneración entre mexicanos y extranjeros en puestos similares, cómo garantizan la independencia de quienes investigan y qué ocurre cuando la persona denunciada forma parte de la dirección. “Las buenas empresas deberían sentirse cómodas respondiendo esas preguntas”, dice, y aclara que la reforma no busca perseguir empresas, sino que las buenas “no tengan nada que temer de reglas más claras”.
Para cerrar, el diputado resume su postura: “México quiere inversión, empresas globales y talento internacional, pero también exige respeto, mejores salarios y oportunidades reales de crecimiento para los mexicanos”. Y concluye: “Los derechos laborales no son una campaña de marketing. Las personas no son recursos. La dignidad de las personas trabajadoras mexicanas no está en oferta”.
