La Ciudad de México siempre ha sido el epicentro del pulso político y social del país, un laboratorio donde se cruzan causas legítimas, demandas históricas y expresiones de descontento popular. Sin embargo, en la dinámica contemporánea de la capital, el fenómeno de la protesta social parece haber cruzado un umbral inquietante: la multiplicación repentina, coordinada y extrañamente oportuna de movilizaciones urbanas justo en los momentos en que la conversación pública se vuelve incómoda o desfavorable para los círculos de poder.
Es difícil catalogar como mera casualidad que las avenidas principales de la capital se vean paralizadas por una ráfaga de marchas con causas heterogéneas precisamente cuando el ambiente político se calienta o el calendario electoral se tensa. Pero el detalle más incisivo no radica únicamente en la coincidencia del ciclo político, sino en el oportuno cambio de conversación en la agenda mediática.
Durante semanas, los reflectores periodísticos y el debate público mantuvieron bajo riguroso escrutinio los señalamientos e investigaciones sobre presuntas redes de tráfico de influencias, contratos y prestanombres vinculados a Andrés López Beltrán y su entorno cercano. La exigencia de rinde de cuentas y transparencia se perfilaba como el tema central en la mesa de discusión.
Sorprendentemente, justo en el clímax de esta cobertura, las calles de la Ciudad de México se inundan de una agenda saturada de marchas, cierres viales y contraprotestas. En el lenguaje de la estrategia política moderna, esta táctica no es desconocida: se llama saturación o distracción por ruido ambiental.
El verdadero problema de esta maniobra analítica no es solo el caos vial o la incomodidad diaria para millones de capitalinos. La consecuencia más grave es el desgaste de la movilización social como herramienta genuina:
Al mezclar demandas auténticas de la ciudadanía con marchas patrocinadas o promovidas para desviar la atención, se diluye la efectividad de las luchas sociales verdaderas.
La opinión pública se ve forzada a reaccionar ante el conflicto del día en la calle, desplazando los temas de rendición de cuentas, auditoría e investigaciones de presunta corrupción.
La toma de las calles busca proyectar una imagen de agitación generalizada donde resulta fácil encuadrar cualquier crítica al poder como un ataque político partidista, en lugar de un cuestionamiento ético sobre el uso del erario.
La perspicacia ciudadana debe ser el antídoto contra la amnesia provocada por la coyuntura. Las marchas en la Ciudad de México son y seguirán siendo un derecho fundamental e inalienable; sin embargo, resulta imperioso desarrollar un ojo crítico ante el timing con el que se intensifican.
Cuando el ruido de las calles busca tapar el eco de los expedientes de corrupción, la responsabilidad de la sociedad civil y de los medios de comunicación radica en no perder de vista el tema de fondo, por más convulso que pretenda volverse el paisaje urbano.
Trump, ese aliado incómodo
Donald Trump sigue siendo una figura capaz de movilizar a la base republicana, pero, con las primarias concluidas y la elección general a la vuelta de la esquina, algunos candidatos necesitan ampliar su atractivo más allá de los simpatizantes del presidente.
La señal más clara apareció en un análisis de Reuters publicado el 7 de octubre. En 41 de 62 contiendas legislativas competitivas, los candidatos republicanos habían marcado diferencias con el presidente en asuntos concretos o reducido la visibilidad de su vínculo con él. No se trata de una rebelión, pero tampoco es una coincidencia.
Cuando dos terceras partes de las contiendas analizadas muestran alguna forma de distanciamiento, el cálculo ya no consiste solamente en conseguir el respaldo del presidente, sino en decidir cuándo conviene exhibirlo ante los electores.
La operación tiene una expresión muy concreta: borrar, reducir o relegar las referencias al presidente en los materiales de campaña. The Associated Press documentó desde septiembre cambios en las páginas de aspirantes republicanos en distritos competidos.
Ralph Alvarado, en Kentucky, retiró referencias a Trump y a su identidad como combatiente de “Estados Unidos primero”; Eric Flores, en Texas, sustituyó la promoción de la agenda presidencial por la reducción del costo de la vida. Los candidatos no necesariamente reniegan de sus posiciones anteriores: intentan que sus propuestas locales tengan mayor protagonismo.
Hay una diferencia importante entre conservar el respaldo de Trump y convertirlo en el argumento principal para pedir el voto.
La economía explica buena parte de la cautela. La guerra con Irán y el encarecimiento de la energía han abierto diferencias entre el presidente y aspirantes republicanos que deben responder por los gastos cotidianos de sus electores.
Reuters encontró que el conflicto era uno de los puntos de divergencia en 12 de las 62 contiendas examinadas, en algunos casos, los candidatos pidieron terminar las operaciones militares o limitar las facultades presidenciales para prolongarlas.
La dificultad para Trump es que una decisión presentada como demostración de fuerza en el exterior puede convertirse en una factura política en casa. Para un candidato que compite por conservar su escaño, defender al presidente en materia internacional importa menos si termina teniendo que explicar por qué llenar el tanque cuesta más.
Los números añaden una presión adicional. La encuesta Reuters/Ipsos reportada el 7 de octubre situó la aprobación de Trump en 32%. En la preferencia para las elecciones legislativas, los demócratas aventajaban a los republicanos por 44% a 37% entre votantes registrados.
Entre independientes, la diferencia era del 37% al 21%. Una medición no determina el resultado de noviembre, pero sí ayuda a entender por qué los aspirantes en distritos competitivos tienen incentivos para buscar electores más allá de la base presidencial.
El desgaste de Trump no se convierte automáticamente en votos para la oposición; obliga, sin embargo, a los republicanos a considerar si la lealtad pública al presidente puede alejarlos de quienes decidirán las contiendas más cerradas.
Trump tampoco parece dispuesto a aceptar que su partido lo relegue. Su gira electoral de octubre busca movilizar a los republicanos y ayudar a conservar el control del Congreso, aunque su presencia puede resultar más útil en territorios donde mantiene un respaldo sólido que en distritos competidos donde su popularidad representa un problema.
The Washington Post señaló el 12 de octubre esa tensión en la organización de sus recorridos: el presidente sigue siendo un movilizador de su base, pero sus asesores deben considerar dónde su intervención puede ayudar y dónde no.
Esa es la gran paradoja de su liderazgo: conserva recursos, influencia y capacidad para definir la identidad del partido, pero no todos los candidatos quieren que la elección de su distrito se convierta en un referéndum sobre su gestión.
Los republicanos no están abandonando a Trump; están tratando de administrar el costo de acompañarlo. El 3 de noviembre permitirá medir las consecuencias electorales, pero el ajuste ya se advierte en las campañas. Trump construyó su poder partidista haciendo de la lealtad una prueba de pertenencia; ahora, algunos de quienes necesitan ese poder para competir están tratando de demostrar que pueden tomar distancia sin romper con él.
El dilema para el Partido Republicano no es todavía cómo reemplazar a Trump, sino cómo competir cuando su figura sigue siendo indispensable para una parte de sus votantes y potencialmente costosa para otra.
Compliance y ética profesional en la construcción
En los últimos años y en el peor de los casos, varias empresas de todos los giros han enfrentado multas, inhabilitaciones y hasta procesos penales por obtener contratos públicos mediante la presentación de información falsa, incumplimiento de contratos o participación en procesos de licitación irregulares.
En el mejor de los casos quedan en la impunidad, con daños reputacionales irreversibles cuando se hacen públicos, que también significan en hundimiento de empresas y carreras profesionales.
Actualmente en México el cumplimiento normativo —el compliance—ya no es opcional para las empresas; se han vuelto fundamental para su crecimiento y hasta para su sobrevivencia. De ser simples intenciones han pasado a convertirse en obligaciones legales sujetas a medición y rendición de cuentas. Se equivoca quien lo vea como una cuestión cosmética.
Sin embargo, el cumplimiento sin ética es un formalismo vacío que se hace evidente cuando la responsabilidad recae en la decisión individual más allá de los papeles e, incluso, cuando el área de compliance no hace su trabajo de investigar y sancionar infracciones, gestionar riesgos y supervisar la operación.
La ley ya no se conforma con que las empresas simplemente aseguren tener un compromiso ético y cumplan con la normatividad; exige que demuestren su capacidad para traducir dicho compromiso en acciones concretas, verificables, trazables y gestionables. Uno de los sectores donde esto es imperativo es en la industria de la construcción, donde las prioridades principales deben ser la vida, la seguridad y el patrimonio, en ese orden.
En el terremoto de septiembre de 2017 quedaron en evidencia edificios que se cayeron o que sufrieron daños considerables, desafortunadamente algunos con víctimas fatales, como el caso del Colegio Rébsamen en Tlalpan.
Con toda razón, los primeros acusados fueron los Directores Responsables de Obra (DRO), quienes están a cargo de garantizar que una construcción cumpla con el Reglamento de Construcciones y las normas técnicas aplicables. En el camino de aquellos edificios defectuosos hubo incumplimientos, omisiones, materiales baratos, información falsa y corrupción, mucha corrupción.
Para coadyuvar a que no vuelva a suceder, el Colegio de Ingenieros Civiles de México ha puesto como una prioridad la ética profesional de sus agremiados, contando desde el año pasado con un Código de Ética Profesional, un decálogo sencillo y claro, con un conjunto de principios, valores y normas específicas que regulan y orientan el comportamiento laboral; así como un Consejo de Ética totalmente independiente, impulsando propuestas como incluir la materia universitaria de marco jurídico de la ingeniería civil; así como un juramento a mano alzada de cumplimiento de código de ética profesional —similar al hipocrático en medicina—, cuando se reciba el título profesional.
Las nuevas generaciones y el Colegio tienen la obligación de alzar la voz para señalar las malas prácticas, cuestionar proyectos y detener obras deficientes, anteponiendo la seguridad y el bienestar social a los intereses personales, políticos o económicos.
Porque, finalmente, construir es, además de una responsabilidad, es un acto de confianza.
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