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Hablar de soberanía energética en los discursos oficiales suele evocar imágenes de refinerías imponentes, pozos inacabables y autosuficiencia patriótica. Sin embargo, la realidad de la seguridad nacional no se mide por cuánto petróleo se extrae, sino por cuánto combustible se es capaz de almacenar para mantener al país en movimiento si las rutas de suministro se interrumpen. Hoy, México opera bajo una peligrosa filosofía: vivir al día.
Con reservas que palidecen estrepitosamente frente a los estándares internacionales, donde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sugiere colchones de hasta 90 días, el sistema energético mexicano se encuentra atado de manos, expuesto y crónicamente vulnerable a choques externos, huracanes, tensiones geopolíticas o bloqueos comerciales.
El desglose de los inventarios nacionales revela un panorama alarmante que amerita dejar de lado la autocomplacencia oficial:
En cuanto al diesel, tras ajustes regulatorios que reducieron las exigencias para aliviar la carga financiera de la industria, la política de almacenamiento obliga a mantener apenas un promedio de 5 días de ventas. Cinco días de inventario para los petrolíferos que mueven el autotransporte de carga, la industria y los millones de vehículos particulares del país. Ante cualquier contingencia mayor en las refinerías nacionales o en las importaciones provenientes de la costa texana, el país se quedaría literalmente seco en menos de una semana.
El combustible que calienta los hogares de más del 70% de las familias mexicanas y alimenta a miles de comercios opera también con margenes sumamente estrechos. Aunque la normativa exige coberturas acotadas, en la práctica el almacenamiento estratégico local es raquítico, obligando a una dependencia casi en tiempo real de los ductos y buquetanques procedentes del extranjero.
En el sector aerocomercial, vital para la conectividad y el turismo, la política federal fija un inventario mínimo sumamente recortado de 1.5 días almacenados directamente en los aeropuertos, complementado con 1.5 días adicionales en otras terminales del país. Menos de 72 horas de respaldo para la aviación nacional describen un sector que vuela, literalmente, sobre la cuerda floja.
El eslabón más crítico y frágil de la cadena. México depende en más de un 70% de las importaciones de gas natural estadounidense. En las reservas nacionales y de la industria apenas se cuenta con un colchon de 2 a 2.5 días de consumo interno. Un cierre de válvulas en la frontera norte o una tormenta invernal severa en Texas, sería suficientes para paralizar no solo industrias enteros, sino la generación eléctrica de vastas regiones del país en cuestión de horas.
La vulnerabilidad no radica únicamente en nuestra alta dependencia de la importación de combustibles terminados, sino en la tozuda negativa histórica de invertir con agresividad en infraestructura masiva de almacenamiento estratégico. Las terminales privadas y públicas son insuficientes, los gasoductos funcionan al límite y los centros de distribución carecen de la profundidad disuasoria que demanda una economía del tamaño de la mexicana.
Apostar a que “nunca pase nada” no es una estrategia de seguridad nacional; es una apuesta de altas consecuencias. Si México aspira a una verdadera robustez económica y geopolítica, el siguiente paso ineludible no es solo refinar más, sino guardar mejor. De nada sirve presumir autosuficiencia en el papel cuando un imprevisto de una semana puede apagar al país por completo.
CoDi y la Ley de Economía Digital
México es el sexto país del mundo donde más se usa el efectivo, con 80% de las transacciones diarias realizadas con billetes y monedas. Entre 2021 y 2024, el uso de transferencias electrónicas para compras de hasta 500 pesos apenas creció de 1.6% a 4.4%. La infraestructura digital existe, pero su adopción sigue siendo marginal.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, la cual busca convertir a CoDi y otros medios digitales en la única forma de pago en sectores estratégicos. Las gasolineras y casetas serían los primeros objetivos para que el efectivo deje de ser aceptado, se prevé que de manera gradual.
CoDi lleva seis años de existencia, sin embargo, apenas ha acumulado 21.5 millones de operaciones en ese periodo, mientras SPEI registró 7,400 millones de transacciones solo en 2025, a pesar de que es más complicado hacer una transferencia por SPEI que un pago o cobro por CoDi, la cual permite la transferencia de forma inmediata desde el celular, a través de un código QR.
A diferencia de las terminales punto de venta (TPV), cuyas comisiones oscilan entre 1.51% y 5.11%, CoDi y SPEI no cobran comisiones, lo cual fomenta la bancarización de la economía informal. Otra ventaja es la trazabilidad de las operaciones digitales, pues generan información que ayudan a los pequeños negocios a ordenar ingresos, facilitar la conciliación y construir un historial de transacciones que permite el acceso a créditos. Para las Pymes, esta diferencia puede representar un ahorro de hasta 84 mil pesos anuales, según estimaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
El problema de CoDi no es tecnológico, sino operativo. México no tiene un sistema de pagos digitales unificado, sino tres: SPEI, CoDi y DiMo, este último permite las transferencias a través del número de celular, sin escribir cuenta bancaria o CLABE. La mayoría de los usuarios o desconoce, o no entienden cuándo usar cuál, y usan la más conocida, SPEI.
Por otra parte, los bancos no promueven CoDi ni DiMo porque no generan comisiones, mientras cada transacción con tarjeta produce ingresos, sea por pago o por uso de cajeros automáticos. A esto se suma la desconfianza: uno de cada cinco prefieren usar efectivo por ser la única forma disponible en zonas rurales o comercios no bancarizados, mientras otros lo usan para evitar trazabilidad, lo cual es otro tema.
El rezago en México es considerable. En Brasil, la plataforma Pix tiene más de 170 millones de usuarios gracias a un diseño centralizado: el Banco Central dicta las reglas, opera un único riel y permite pagos gratuitos sin topes.
En Colombia, Bre-B optó por un modelo descentralizado que integra rieles existentes, pero enfrenta límites operativos impuestos por los propios bancos que han estancado su crecimiento, aunque supera los 34 millones de usuarios. En China, Allí, Alipay y WeChat Pay eliminaron prácticamente las tarjetas de crédito mediante códigos QR y, aunque cobran comisiones, son inferiores a las occidentales.
El éxito de la Ley de Economía Digital dependerá no solo de la obligatoriedad, sino de factores como la simplificación de la experiencia de usuario para que pagar con CoDi sea un hábito intuitivo; cabría valorar unificar SPEI, CoDi y DiMo bajo una marca y una sola interfaz e, importante, alinear los incentivos de los bancos con los objetivos de política pública para lograr que el efectivo deje de tener sentido.
Trump-Xi: administrar las diferencias
Fue un control de daños. Donald Trump y Xi Jinping no resolvieron las diferencias que separan a Estados Unidos y China, pero la reunión de este jueves mostró lo conveniente que puede resultar que su rivalidad no se salga de control. Después de meses de tensiones comerciales, tecnológicas y geopolíticas, ambos gobiernos parecen haber entendido que competir no necesariamente es sinónimo de confrontarse.
Xi fue particularmente claro al plantear que China y Estados Unidos deben mantener una competencia saludable y dentro de ciertos límites, fortalecer el diálogo y evitar el conflicto. Incluso propuso que sus fuerzas armadas mantuvieran una comunicación regular y mejores mecanismos para prevenir crisis. En su discurso en la Casa Blanca habló de coexistencia pacífica y de la necesidad de encontrar una forma de superar la llamada trampa de Tucídides, una idea para describir el riesgo de que una potencia en ascenso termine enfrentándose militarmente a una potencia dominante.
Trump utilizó un lenguaje muy distinto, mucho más personal. Antes y durante el encuentro habló de la relación que ha construido con Xi y, después de la reunión, la calificó como una gran reunión. Esa cercanía, sin embargo, no elimina la competencia. Comercio, tecnología, inteligencia artificial, Taiwán, minerales críticos y la guerra en Irán siguen siendo asuntos en los que los intereses de ambos países están lejos de coincidir.
En materia económica, el objetivo inmediato parece ser mantener una tregua que ya se extendió hasta el 10 de enero de 2027 y evitar una nueva escalada. Las expectativas de un gran acuerdo comercial eran bajas desde antes de la reunión y el encuentro no produjo, hasta ahora, un arreglo integral que resuelva los conflictos sobre aranceles, acceso a mercados o tecnología. La importancia está, por tanto, menos en lo que se firmó que en mantener abierto el canal de negociación.
La inteligencia artificial muestra hasta dónde llegó ya esta rivalidad. Hace apenas unos años habría sido difícil imaginar que la seguridad y el desarrollo de la IA ocuparían un lugar central en una cumbre presidencial. Ahora forman parte de la relación estratégica. Xi sostuvo que ambos países tienen la capacidad y la responsabilidad de desarrollar y controlar esta tecnología para que permanezca bajo control humano, mientras Washington busca mecanismos para manejar los riesgos de una competencia tecnológica que puede tener consecuencias económicas y de seguridad.
Taiwán y Medio Oriente dejaron de manifiesto, sin embargo, que administrar las diferencias no significa desaparecerlas. Xi volvió a plantear la posición china sobre Taiwán y pidió a Washington que se opusiera a la independencia de la isla, mientras que Irán forma parte de los asuntos en los que Trump busca que Pekín utilice su influencia. Son precisamente estos temas los que muestran los límites de la nueva etapa de diálogo: pueden cooperar en algunos terrenos mientras mantienen posiciones enfrentadas en otros.
Quizá esa sea la conclusión más importante de la cumbre. Washington y Pekín no están dejando de competir ni existe evidencia de que hayan encontrado una fórmula para resolver sus diferencias. Lo que parece estar cambiando es la manera de enfrentarlas.
En una relación que seguirá marcada por el comercio, la tecnología, la seguridad y la disputa por influencia global, “administrar las diferencias puede ser mucho más realista que intentar eliminarlas”. Y para el resto del mundo, que depende de ambas economías y padece las consecuencias de cada escalada, que las dos potencias aprendan a hacerlo no es un asunto nada despreciable.
Jornada de 40 horas: la prueba política empieza en 2027
En enero de 2027, la jornada máxima semanal comenzará a bajar de 48 a 46 horas, sin reducción salarial, como primer paso hacia las 40 horas previstas para 2030. El cambio ya está escrito en la ley; lo que sigue abierto es cómo se hará realidad en los centros de trabajo; ahí está la verdadera prueba política de la reforma: reducir horas mediante una nueva organización del trabajo o permitir que la jornada formal se acorte mientras las tareas y la presión permanecen intactas.
La encuesta de OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México, muestra por qué esta discusión trasciende a empresas y sindicatos. El 56% de los participantes espera que el primer ajuste tenga un efecto muy positivo en su vida personal; al imaginar una semana de 40 horas, 54% quiere convivir más con sus seres queridos y 53% atender su bienestar mental y emocional.
La demanda de tiempo habla de una relación laboral que también se mide por lo que deja fuera: descanso, cuidados y vida familiar, pero la expectativa convive con una señal de alerta: 59% no conoce con claridad cómo se llevará a cabo la transición. Sentirse preparado, como afirma una mayoría, no equivale a saber qué cambiará en el propio puesto.
¿Está listo México? Sería difícil dar una sola respuesta para una economía con empresas de tamaños, recursos y horarios tan distintos. El calendario gradual ofrece margen de adaptación, pero no sustituye las decisiones que deben tomarse desde ahora sobre turnos, cargas, contratación y costos; tampoco basta con pedir a los trabajadores que sean más productivos: si las mismas tareas se comprimen en menos horas, o continúan por mensajes después de la salida, el beneficio prometido se vuelve invisible. Las preocupaciones registradas sobre trabajo fuera de horario y mayor presión apuntan precisamente a esa posibilidad.
La reforma puede ser un avance, pero su éxito no debería medirse por la fecha en que México llegue a las 40 horas, sino por la capacidad del Estado para hacerlas exigibles y por la capacidad de las empresas para reorganizarse sin trasladar todo el costo al trabajador. El gobierno deberá explicar las reglas, acompañar la transición y supervisar su cumplimiento; el sector productivo tendrá que revisar procesos en lugar de administrar solo el reloj. En el fondo, la discusión es política porque obliga a decidir quién gana el tiempo que una economía produce. Si en 2027 esas primeras dos horas regresan efectivamente a las personas, la reforma habrá empezado a cumplir su promesa.
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