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El ecosistema financiero nacional atraviesa un punto de inflexión con la emisión del nuevo marco regulatorio del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta normativa busca unificar cuotas de intercambio y obligar a una interoperabilidad total y en tiempo real.
Sin embargo, la discusión sobre la eficiencia de las terminales y la reducción progresiva de comisiones, con techos de 0.30% en débito y 1.30% en crédito, choca de frente con la gran interrogante sobre el control de la infraestructura de compensación en México: la viabilidad de que PROSA caiga en manos de VISA.
Las probabilidades de que este matrimonio corporativo se concreté son prácticamente nulas. Las autoridades antimonopolios y el propio diseño del nuevo entorno regulatorio han construido un muro infranqueable.
Permitir que la red global de tarjetas más dominante adquiriera el control mayoritario (51%) de la principal cámara de compensación del país habría significado entregar las llaves de la información estratégica de todo el mercado a un competidor directo.
Más grave aún, habría puesto una lápida sobre alternativas locales y de menor costo como Carnet, dinamitando cualquier aspiración de soberanía tecnológica.
El Estado mexicano ha decidido meterse de lleno y “en serio” en la arquitectura de los medios de pago. La promulgación de reglas que prohíben prácticas discriminatorias en las terminales y aseguran la aceptación universal de cualquier tarjeta, incluyendo las Tarjetas para el Bienestar, es incompatible con la existencia de un dueño monopólico en el corazón del procesamiento.
El futuro del dinero plástico en el país no puede ni debe escribirse bajo la concentración de los gigantes extranjeros, sino bajo el rigor de una regulación que defienda la competencia y el bolsillo de los usuarios.
Por si fuera poco, consideremos una acción así de favorecedora para una empresa extranjera en el marco de la Cuarta Transformación y su nacionalismo anacrónico. Imposible. Por lo pronto, lo que sí es un hecho factible es que PROSA se ha modernizado, ha invertido y se encuentra en los estándares internacionales más altos de operación y administración.
Congreso: antes que doblen las campanas
Esta semana dará inicio el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXVI legislatura y el Congreso entrará en una etapa políticamente inédita. No solo porque llega con pendientes importantes y una nueva agenda de reformas, sino porque por primera vez la elección de 2027 empezará a pesar sobre cada decisión.
Morena y sus aliados todavía cuentan con la misma correlación de fuerzas, pero el próximo año se renovará la Cámara de Diputados y es un enigma si esa mayoría sobrevivirá al veredicto de las urnas. Los escándalos y movimientos políticos de las últimas semanas tampoco ayudan a disipar las dudas. El tercer año legislativo será prácticamente una carrera contra el calendario.
Entre los asuntos políticamente más delicados se encuentra el proceso de desafuero contra Alejandro Moreno. La solicitud para retirar la inmunidad al dirigente nacional del PRI muy probablemente será retomada por la Sección Instructora durante el nuevo periodo, después de que la Fiscalía Anticorrupción de Campeche aportara nuevos elementos de investigación relacionados con presuntas irregularidades durante su gobierno al frente de ese estado, un asunto que difícilmente podrá separarse del escenario electoral de 2027.
Paralelamente, Morena llega con una agenda amplia para el periodo: regulación de inteligencia artificial y servicios de internet, feminicidios, paquete anticorrupción, derechos de los pueblos indígenas, reclutamiento forzado, migración, medio ambiente, salud y propiedad industrial, entre otros asuntos. A ello se sumará el paquete económico 2027, que deberá discutirse en los próximos meses. No todos tienen la misma dimensión política, pero juntos muestran un Congreso que buscará cerrar pendientes, impulsar nuevas regulaciones y dejar encaminadas decisiones que tendrán efectos más allá de esta Legislatura.
Hay una ventana que aún está abierta para los diputados electos en 2024. Todavía podrán buscar la reelección en 2027, antes de que la prohibición de la reelección consecutiva se aplique a los procesos electorales de 2030. Eso significa que algunos legisladores estarán votando reformas mientras empiezan a pensar en su propia permanencia. Otros buscarán candidaturas para distintos cargos y eventualmente tendrán que solicitar licencia. La desbandada ya inició. La semana pasada Hugo Eric Flores y Sergio Mayer, ambos de Morena, solicitaron licencia para separarse de sus funciones a partir del nuevo periodo.
El coordinador del grupo parlamentario del Morena, Ricardo Monreal, ha planteado incluso que quienes busquen la reelección puedan permanecer en sus curules y hacer campaña sin separarse del cargo. Una salida importante de legisladores podría afectar el trabajo parlamentario justo cuando el partido pretende sacar adelante una agenda amplia. Pero no se trata solo de licencias. Y es que el resultado de esa elección puede modificar sustancialmente el equilibrio de poder. Morena y sus aliados podrían conservar su actual fuerza en San Lázaro, pero también perder una parte importante de ella. Por eso, para Morena, aprobar ciertas reformas durante el tercer año puede tener un valor adicional: hacerlo mientras todavía conoce y controla la correlación de fuerzas.
El Congreso comienza así su tercer año con dos relojes funcionando en paralelo. Uno marca los asuntos que deben aprobarse antes de que termine la Legislatura, otro avanza hacia el 6 de junio de 2027. Entre ambos estarán las reformas, el presupuesto, los desafueros, las licencias y las aspiraciones personales de quienes ocupan las curules. Morena enfrenta el reto de mantener cohesionada a su mayoría para evitar distracciones. La cuenta regresiva está en marcha… 5, 4, 3…
Los primeros cinco de Morena
La semana pasada, Morena definió cinco de las 17 candidaturas para gubernaturas a disputarse en 2027. Bajo el eufemismo de “coordinadores estatales de defensa de la transformación” se dieron a conocer las designaciones de la senadora Nora Ruvalcaba para Aguascalientes; Pablo Gutiérrez Lázarus y Rosa María Bayardo para Campeche y Colima respectivamente, ambos munícipes con licencia, él de Carmen y ella de Manzanillo; la senadora Imelda Castro Castro por Sinaloa y Santiago Nieto Castillo a Querétaro.
El partido optó por adelantar las designaciones más sencillas. Nora Ruvalcaba va por su cuarta candidatura a la gubernatura y Santiago Nieto va por su primero de lo que parece que serán varios intentos, ambos en dos entidades que no se ve por dónde puedan arrebatarle al PAN.
Campeche es un caso aparte: Layda Sansores trató pero no pudo perfilar a nadie de su gente, mientras Gutiérrez Lázarus fue aumentando su capital político, por lo que finalmente Layda le brindó su apoyo antes de que no tuviera nada qué agradecerle, algo que suena al beso del diablo por la desastrosa administración de Sansores, incluso con riesgo de perder ante MC. En cuanto a Rosi Bayardo en Colima, identificada como cercana a la gobernadora Índira Vizcaíno, se prevé logre la continuidad.
Sinaloa es caso aparte. El nombramiento de la senadora Imelda Castro se adelantó para hacerlo coincidir con el de Graciela Domínguez como gobernadora interina luego del efímero regreso de Rocha Moya. Ahí era necesario definir antes de que los rochistas intentaran ganar tiempo para rescatar lo perdido, al tiempo que se le dio un impulso a Domínguez -sin posibilidad en este proceso- para dentro de seis años.
Quedan pendientes de definir los coordinadores-candidatos de doce estados: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. De estos, por lo menos la mitad tienen escenarios competidos y/o complejos.
Chihuahua, con la disputa entre Cruz Pérez y Andrea Chávez; en Guerrero con 15 aspirantes registrados, con dos entre las que podría definirse, la ex consejera jurídica, Estela Damián y la senadora con licencia Beatriz Mojica; Michoacán, donde el gobernador Alfredo Ramírez impulsa a Gladyz Butanda frente al senador Raúl Morón; Nuevo León, donde la balanza parece inclinarse por Waldo Fernández, senador del Verde; Quintana Roo, con Rafael Marín Mollinedo y Eugenio Segura Vázquez, “Gino”, este último favorito de la gobernadora Mara Lezama y del partido Verde; San Luis Potosí, con el pendiente de si el Verde se mantendrá en la coalición o siempre sí irá solo con la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.
Se espera que para la segunda semana de septiembre haya otras definiciones, las más complicadas.
Dos documentos clave para evitar fraudes inmobiliarios
La compraventa de una propiedad suele presentarse como un momento emocionante: encontrar el precio adecuado, la ubicación soñada o los metros cuadrados perfectos puede hacer que cualquier persona se precipite hacia la firma. Sin embargo, en México aún falta una cultura sólida de verificación jurídica previa, y eso provoca que muchos compradores pasen por alto una pregunta esencial: ¿el inmueble está realmente libre de hipotecas, embargos o limitaciones? Ignorar esta revisión puede convertir una buena oportunidad en un problema costoso y prolongado. Por eso, entender el valor del Certificado de Libertad de Gravamen no es solo un trámite más, sino una medida de protección patrimonial.
Este documento, expedido por el Registro Público de la Propiedad, funciona como una radiografía jurídica del inmueble. En la Ciudad de México, incluso lleva un nombre más amplio: Certificado de Libertad de Existencia o Inexistencia de Gravámenes, Limitaciones de Dominio y Anotaciones Preventivas Único.
Su propósito es claro: revelar si existen hipotecas vigentes, servidumbres, usufructos, embargos o cualquier anotación que pueda afectar la operación. Como explica Diana Sandoval, directora general de Kallify, este certificado permite conocer si el inmueble está libre de cargas que puedan comprometer la compraventa o un crédito. En otras palabras, es el documento que separa una decisión informada de un salto al vacío.
Aun así, conviene no confundirlo con la Constancia de Folio, otro documento registral que cumple una función distinta. Mientras la constancia muestra la historia completa del inmueble —todas las transmisiones, hipotecas y embargos inscritos a lo largo del tiempo—, el certificado se concentra en el estado actual. Ambos se complementan, pero no sustituyen una revisión integral.
De hecho, confiar únicamente en el certificado puede llevar a conclusiones incompletas: un inmueble puede estar libre de gravámenes hoy, pero tener antecedentes que ameriten una revisión más profunda antes de comprometer dinero.
Por eso, los especialistas insisten en que el certificado es indispensable, pero no suficiente. La verdadera prevención consiste en realizar una dictaminación jurídica con un notario, revisar incidencias y asegurarse de que la operación sea viable desde todos los ángulos. En un mercado inmobiliario cada vez más dinámico —y expuesto a fraudes—, la información es la mejor defensa del comprador.
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