Durante siglos, la política británica fue sinónimo de estabilidad. Sus gobiernos cambiaban, pero las transiciones eran previsibles; los primeros ministros solían permanecer alrededor de cinco años en el cargo y las instituciones transmitían una sensación de continuidad que pocos países podían igualar. Hoy esa percepción de estabilidad ya no resulta tan evidente.
No es que la democracia británica esté colapsando. El Parlamento sigue funcionando, la monarquía mantiene su poder constitucional, los tribunales operan con normalidad y las elecciones continúan siendo libres. Lo que parece haberse vuelto inestable no son las instituciones sino quienes las encabezan.
La llegada de Andy Burnham a Downing Street, tras la salida de Keir Starmer, es la confirmación más reciente de este fenómeno. Más allá del relevo en el gobierno, lo que llama la atención es que el Reino Unido suma ya siete primeros ministros en apenas diez años. La velocidad con la que se suceden sus líderes constituye un cambio político de carácter estructural.
El punto de inflexión fue el Brexit. El referéndum de 2016 resolvió una pregunta sobre la pertenencia a la Unión Europea, pero abrió muchas otras sobre el futuro económico, territorial y político del país. Desde entonces, cada primer ministro ha enfrentado una combinación distinta de desafíos: negociaciones interminables, inflación, crisis energética, deterioro de los servicios públicos, el bajo crecimiento económico y una ciudadanía cada vez más impaciente.
A ello se suma un fenómeno propio del parlamentarismo británico. A diferencia de los sistemas presidenciales, un primer ministro no necesita esperar una elección para abandonar el cargo. Basta con perder el respaldo del propio partido. La estabilidad del gobierno depende tanto de la oposición como de la cohesión interna de la mayoría parlamentaria. Cuando esa cohesión desaparece, el relevo puede producirse en cuestión de días.
Sin embargo, reducir el problema al Reino Unido sería un error. Francia ha visto cómo el presidente Emmanuel Macron gobierna con crecientes dificultades para construir mayorías. Alemania atraviesa una etapa de fragmentación política desconocida desde la reunificación. En Canadá, Japón, Italia y otros países desarrollados, los ciclos políticos también parecen haberse acortado. Gobernar durante una década se ha convertido más en una excepción que en una regla.
Las causas son múltiples. Las redes sociales aceleran el desgaste de los líderes; la información circula de manera permanente; los errores se magnifican en tiempo real y las expectativas ciudadanas son cada vez más difíciles de satisfacer. A ello se añaden economías que crecen menos que hace dos décadas, sociedades más polarizadas y partidos menos disciplinados.
Paradójicamente, la democracia británica demuestra fortaleza porque puede cambiar de gobierno sin poner en riesgo al Estado. Lo preocupante no es que existan relevos, sino que cada vez resulte más difícil construir liderazgos capaces de mantenerse el tiempo suficiente para desarrollar una visión de largo plazo.
El caso británico demuestra que la estabilidad de un país ya no depende de la permanencia de sus gobernantes, sino de la solidez de sus instituciones para soportar la constante renovación del poder. Ese será el verdadero desafío de las democracias en las próximas décadas.
Protección Civil: continuidad en la CDMX
Uno de los principales males de la administración pública en todos sus niveles, es la falta de continuidad. Cada sexenio, o peor, cada tres años en el caso de los municipios y alcaldías, el gobierno en turno decide cambiar de políticas y programas con giros de 180 grados. La seguridad pública es el mejor ejemplo de ello.
Afortunadamente, en la Ciudad de México, donde se apostó a la continuidad y consolidación es en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC), donde se mantiene al frente la arquitecta Myriam Vilma Urzúa Venegas, una funcionaria con una amplia experiencia en el tema, fundamental para una metrópoli con tantos riesgos como la Ciudad de México.
Con ocho años ya al frente de la dependencia capitalinas, Urzúa Venegas, ha sentado las bases de un Sistema de Gestión Integral Riesgo de la Ciudad de México, estableciéndose por primera vez como un eje principal del programa de gobierno, que hiciera realidad la transición de un enfoque reactivo, a un enfoque integral, con énfasis en la prevención y gestión de riesgo en todas sus etapas antes de que ocurra un desastre.
Ante integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, Urzúa Venegas detalló lo logrado en estos ocho años, entre lo que destaca: cambios en el marco jurídico, normativo e instrumental; un Atlas de Riesgos público, dinámico, actualizado y vinculado con las funciones de la administración pública responsables oficiales de Protección Civil, y que llega a las 100 mil capas de información abiertas; el Sistema de Alertas Tempranas Multiamenazas, que permite saber qué va a suceder en la Ciudad en las próximas doce horas; un Consejo de Resiliencia, único en el país y en América Latina; la digitalización de trámites para evitar la corrupción; capacitación de personal, entre muchas otras.
¿Qué sigue? Pues consolidar el Sistema Integral de Riesgos como eje transversal de la planeación urbana y social de la Ciudad; crear un fondo específico para prevención y reducción de riesgos con participación público y privada; fortalecer la vinculación territorial con brigadas comunitarias, alcaldías y atores locales; promover una cultura de prevención que sea cotidiana, incluyente y participativa; consolidar el Atlas como una herramienta transversal de planeación urbana, es decir, para que la gente lo consulte cuando va a comprar o rentar un inmueble, lo cual ya se puede hacer.
El huachicol
El huachicoleo ha dejado de ser un término del argot criminal para convertirse en el símbolo más corrosivo de la impunidad en México. Lo que comenzó como una actividad delictiva de extracción artesanal en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha transformado en un fenómeno complejo, un cáncer sistémico que no solo perfora tuberías, sino que horada los cimientos del Estado de derecho.
El origen del huachicol se remonta a décadas atrás, pero su metástasis ocurrió a inicios de la década pasada. Inicialmente, el robo de combustible se concentraba en pequeñas operaciones clandestinas. Sin embargo, la combinación de una demanda creciente, la porosidad de la red de distribución y una negligencia histórica en la vigilancia de la infraestructura energética permitió que grupos criminales organizados profesionalizaran el delito. Lo que empezó como un “ordeñador” aislado pronto se convirtió en una logística de escala industrial gestionada por cárteles.
Intentar cuantificar el tamaño del desfalco es adentrarse en un terreno de estimaciones opacas, pero las cifras resultantes son alarmantes. Aunque los reportes oficiales han variado según la administración, hablamos de miles de millones de pesos anuales que se evaporan del erario público.
Este robo no solo representa una pérdida directa para las arcas de Pemex; genera un efecto dominó devastador:
Es imposible entender la magnitud del huachicoleo sin reconocer la red de complicidades. El robo masivo de combustible no puede ocurrir sin información privilegiada. Para perforar un ducto con precisión técnica, saber qué producto fluye por él y, sobre todo, conocer los tiempos en que la presión se reduce, se requiere más que una herramienta: se requiere acceso interno; es decir, colusión.
Las investigaciones han señalado la participación directa o la omisión dolosa de funcionarios de niveles medios y altos, elementos de seguridad pública encargados de patrullar las zonas de alta incidencia y actores del sector privado que funcionan como “lavadores” del combustible robado. Cuando el Estado protege o ignora la operación, el criminal se convierte en un socio de facto del poder.
A pesar de los esfuerzos por militarizar la vigilancia de los ductos y endurecer las penas, el huachicol persiste. La razón es sencilla: no es solo un problema policial, es un problema de gobernanza. Mientras las redes de inteligencia no logren desarticular los vínculos entre el crimen organizado y los funcionarios públicos que facilitan la logística, el huachicol seguirá siendo la prueba de que, en México, la infraestructura más vulnerable no es el acero de los ductos, sino la integridad de sus instituciones.
El huachicol no es solo el robo de gasolina; es el robo del futuro de una nación que ha permitido que la ilegalidad se normalice bajo el amparo de la sombra gubernamental y de un gobierno que, por alguna razón inexplicable, permite que siga sucediendo.
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