La reforma a la Ley General de Salud marca un antes y un después en México al reconocer la salud digital como asunto de salubridad general. El reto, advierte Patricia Arroyo, es transformar el marco legal en resultados tangibles para pacientes, instituciones y empresas.
Por primera vez, México tiene alineadas tres fuerzas que rara vez coinciden: un marco legal que reconoce la salud digital como prioridad nacional, una urgencia social por mejorar la atención médica y un mercado dispuesto a invertir en innovación. La reforma a la Ley General de Salud, vigente desde enero de 2026, convirtió en obligatorios el expediente clínico electrónico, la telemedicina y otros servicios digitales. El paso es histórico, pero también plantea una pregunta de fondo: ¿cómo convertir la tecnología en bienestar real?
La economista y especialista en salud digital Patricia Arroyo, de EMA Salud, advierte que el reto dejó de ser normativo y se volvió estratégico. “Por primera vez coinciden en México marco legal, urgencia social y apetito de inversión para mejorar los servicios de salud a través de la tecnología. El reto deja de ser normativo y se vuelve estratégico”, señala.
El desafío, explica Arroyo, está en transformar la ley en retorno social. Para lograrlo, México debe tomar decisiones concretas en cuatro frentes: planeación pública, incentivos, confianza y colaboración.
El primero es la planeación pública. Antes de invertir, urge construir un Plan Nacional de Salud Digital que confronte las necesidades reales de atención con la oferta tecnológica disponible. Sin diagnóstico ni ruta de acción, el gasto corre el riesgo de perseguir modas en lugar de resultados. “Una norma habilita el terreno, pero no garantiza que algo florezca en él”, advierte la especialista.
El segundo frente son los incentivos. Exigir digitalización sin fomentar inversión expulsa del juego a clínicas, hospitales y farmacias con márgenes estrechos. Arroyo propone estímulos fiscales, crédito accesible y reglas estables para destrabar el capital en el corto plazo. “La digitalización no puede ser una obligación sin apoyo financiero; de lo contrario, se convierte en una barrera”, enfatiza.
El tercer frente es la confianza, y aquí surge la grieta más peligrosa. Ninguna plataforma sirve si los datos del paciente quedan desprotegidos o si los sistemas no dialogan entre sí. Buena parte de los registros electrónicos de salud en México incumple la norma oficial NOM-024-SSA3-2012, que regula los sistemas de información clínica. Esto multiplica los riesgos para la seguridad del paciente y la información personal, además de impedir la interoperabilidad. “Certificar con rigor ciberseguridad, interoperabilidad y efectividad tecnológica es la condición mínima para que el paciente, y no la tecnología, ocupe el centro del sistema”, subraya Arroyo.
El cuarto frente es la colaboración. El Estado aporta rectoría y escala; el mercado, capacidad técnica y rapidez de adaptación. Trabajar por separado, advierte, no es una postura ideológica defendible, sino una forma segura de perder tiempo que el sistema de salud mexicano ya no tiene.
La especialista concluye que México vive una oportunidad única: ley, mercado y urgencia social empujan en la misma dirección. Pero esa ventana no permanecerá abierta indefinidamente. Si la planeación, los incentivos, la regulación y la alianza público-privada no se activan ahora, la reforma corre el riesgo de envejecer como una buena intención archivada.
“Cada mes de inacción se cobra en el bolsillo y la salud de millones de mexicanos que siguen pagando de más por una atención que la tecnología ya podría volver más accesible, segura y oportuna”, advierte Arroyo. La década que viene dirá si México cruzó la puerta o se quedó mirándola.
