Cuando Andrés Manuel López Obrador concibió la reforma judicial, no lo hizo pensando en mejorar el sistema de administración de justicia, sino en su control, eliminando el último reducto del equilibrio de poderes, apelando a la elección popular de los juzgadores, conociendo la maquinaria electoral de Morena y el gobierno.
Lo de menos era la capacidad y profesionalismo de los elegidos, lo importante era desplazar a ministros, magistrados y jueces que, en los hechos, representaban intereses diferentes y poner a afines o moldeables.
Y no es que el Poder Judicial anterior fuera ejemplo de justicia pronta y expedita, o de imparcialidad e incorruptibilidad, pero no se veía cómo la elección popular iba a solucionar los problemas y vicios existentes, y sí cómo se iban a agravar.
Aún advertida del daño que representaba la reforma judicial para la certidumbre legal a los inversionistas -ya ni pensar en el ciudadano común-, Claudia Sheinbaum mantuvo la iniciativa de reforma lopezobradorista sin cambios, tanto por conveniencia política como seguramente convicción de que la toma del Poder Judicial era prioridad y en el camino se podría reencauzar y corregir lo decidido… dentro de lo posible, sin ir a fondo.
Es así como este lunes, la presidenta anunció la presentación de una iniciativa de reforma judicial para aplazar la elección al 4 de junio del 2028, desempalmándola de las intermedias de 2027, haciéndola concurrente con la revocación de mandato y, además, reduciendo el número de candidatos; estableciendo mecanismos y mayor tiempo para homologar y mejorar la evaluación de aspirantes y simplificar la boleta.
Sin entrar en detalles, propuso la creación de dos secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para desahogar “asuntos menores para que el Pleno pueda eficientar (sic) sus trabajos”.
Aunque moderada, en los hechos se trata de una contrarreforma, la cual evidencia que hay que mejorar la criba porque llegó mucho incompetente a los cargos; que es necesario reducir el alcance y velocidad de los cambios; que fue un error desaparecer las Salas y que la productividad de la Suprema Corte actual deja mucho que desear.
Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo el mismo: la incertidumbre legal sigue mientras exista la elección popular en el Poder Judicial, no solo por los que sean elegidos, sino por los que llegaron. El daño está hecho y continúa. Basta ver a los ministros integrantes del Pleno, donde ahora resulta que la más sensata es una ministra señalada por plagiar su tesis de licenciatura.
Beijing: el nuevo centro del poder global
No hay manera de que se trate de una coincidencia. En menos de una semana, Donald Trump y Vladimir Putin viajaron a Beijing para reunirse con Xi Jinping. Aunque ambas visitas respondieron a intereses completamente distintos, juntas terminaron proyectando una imagen que hasta hace algunos años hubiera sido difícil de imaginar: China comienza a consolidarse como el nuevo punto obligado de las grandes potencias. No es poca cosa.
Durante buena parte del siglo XX, el eje gravitacional de la política internacional giraba alrededor de Washington, Moscú o, en menor medida, Bruselas. Hoy, incluso líderes enfrentados entre sí terminan pasando por el polo asiático.
El simbolismo resulta claro. Trump llegó en medio de una relación marcada por años de tensiones comerciales, disputas tecnológicas, competencia militar y desacuerdos sobre Taiwán. Su visita buscó estabilizar una relación bilateral cada vez más compleja entre las dos economías más importantes del planeta.
Putin, en cambio, arribó a China en una posición completamente distinta: como un aliado estratégico que depende cada vez más de Beijing para sostener comercio, financiamiento y exportaciones energéticas tras el aislamiento occidental derivado de su invasión a Ucrania.
Trump fue a negociar con Xi Jinping. Putin fue a coordinarse con Xi Jinping. Uno representa la disputa por el liderazgo global; el otro la consolidación de un bloque político y económico alternativo al orden occidental. Pero ambos terminan reforzando la misma percepción: hoy ningún actor internacional de primer nivel puede ignorar a China.
Beijing comienza a proyectarse como algo más grande que una potencia económica. China no solo concentra manufactura, comercio e inversión. También empieza a acumular capacidad de mediación, influencia diplomática y poder político internacional. En los últimos años Beijing ha intervenido en reuniones energéticas, acercamientos regionales, proyectos de infraestructura global y mecanismos financieros alternativos impulsados junto a economías emergentes. Su objetivo ya no parece limitarse al crecimiento económico: busca convertirse en uno de los arquitectos centrales del nuevo orden internacional.
La sucesión de visitas también refleja el momento particular que vive Occidente. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar y financiera del planeta, pero enfrenta polarización política interna, presiones fiscales, tensiones comerciales y desgaste internacional después de años de conflictos y disputas globales.
Europa, por su parte, atraviesa por un periodo de bajo crecimiento, crisis energéticas y avance de movimientos nacionalistas. Rusia conserva influencia militar y capacidad geopolítica, aunque cada vez más subordinada económicamente a China.
En ese contexto, Beijing aparece como el único actor que simultáneamente mantiene expansión industrial, capacidad financiera, influencia comercial global y relaciones abiertas con prácticamente todos los bloques internacionales.
Incluso, el lenguaje diplomático empieza a tomar un nuevo giro. Durante décadas, muchas cumbres internacionales consistían en líderes viajando a Washington buscando respaldo político, financiero o militar; hoy encuentran un destino paralelo y así vemos presidentes, empresarios y gobiernos viajando a Beijing para negociar inversiones, cadenas industriales, tecnología, infraestructura o acuerdos estratégicos. El epicentro del poder lentamente empieza a desplazarse rumbo a Asia.
Quizá ahí radica el verdadero mensaje tras las visitas de Trump y Putin. Más allá de sus diferencias ideológicas o estratégicas, ambos terminaron reconociendo que en la nueva arquitectura internacional China se acerca a ser el fiel de la balanza.
Para países como México, profundamente integrados a la economía estadounidense pero cada vez más expuestos a la competencia global entre Washington y Beijing, entender este cambio será fundamental durante las próximas décadas.
México ya no necesita más vivienda; necesita mejores ciudades
En el más reciente encuentro de Liga Inmobiliaria quedó claro que el gran debate sobre la vivienda en México ya no gira solo en torno a cuántas casas construir, sino sobre qué tipo de ciudades estamos formando.
José Alfonso Iracheta Carroll, subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, puso sobre la mesa una idea que debería incomodar tanto al sector público como al privado: el problema histórico de México no ha sido solamente la falta de vivienda, sino la ausencia de una verdadera política de suelo.
Y ahí está el origen de buena parte del desorden urbano que hoy pagamos en forma de periferias interminables, infraestructura rebasada y ciudades cada vez más caras e inaccesibles.
Lo interesante del mensaje no fue el diagnóstico —que el sector conoce desde hace años— sino el reconocimiento de que la sobrerregulación, la obsolescencia normativa y los tiempos interminables para autorizar proyectos han terminado expulsando a miles de familias hacia la informalidad.
Iracheta habló de algo que rara vez se admite desde el gobierno: producir vivienda formal dentro de las ciudades se ha vuelto tan costoso y complejo que el mercado dejó fuera a millones de personas. El resultado está a la vista: asentamientos irregulares, servicios insuficientes y un costo público mucho mayor para corregir décadas de crecimiento urbano improvisado.
También llamó la atención el cambio de narrativa desde la administración federal. La conversación ya no parece centrarse en vivienda social, sino en entender la ciudad como un ecosistema económico completo.
Escuelas, transporte, agua, energía, comercio, empleo y espacio público forman parte de la misma ecuación: La vivienda comenzó a entenderse como parte de una estrategia de desarrollo económico y territorial, lo que conecta con el mensaje que el gobierno de Claudia Sheinbaum intenta posicionar: detonar inversión, reducir barreras regulatorias y recuperar capacidad de planeación urbana después de años donde cada municipio creció bajo sus propias reglas —o sin ellas.
El reto, sin embargo, sigue siendo monumental. Mientras la Federación diseña lineamientos, son los municipios quienes autorizan usos de suelo, permisos y densidades; ahí es donde la política pública suele romperse.
La reflexión que dejó este diálogo es contundente: si el país no logra construir acuerdos entre gobiernos, desarrolladores, inversionistas y sociedad civil, seguiremos atrapados entre la parálisis regulatoria y el crecimiento desordenado. Y en un momento donde el sector inmobiliario puede convertirse nuevamente en motor económico nacional, el tiempo será el verdadero factor crítico.
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