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Durante casi un siglo, la frontera entre Canadá y Estados Unidos no solo fue la más larga del mundo, sino también la más previsible. Washington ponía las armas y el músculo geopolítico; Ottawa ponía los recursos y una lealtad silenciosa. Pero la historia ha dado un giro de 180 grados. Este febrero de 2026, el anuncio de la Estrategia Industrial de Defensa (EID) del primer ministro Mark Carney no es solo un plan de compras militares; es el acta de divorcio industrial de una Norteamérica que ya no se reconoce en el espejo.
El costo de la “Autonomía Estratégica”. Para el ciudadano estadounidense promedio, la defensa nacional suele ser un concepto abstracto que ocurre en desiertos lejanos. Sin embargo, la respuesta canadiense a las amenazas de anexión y a los aranceles de la administración Trump ha traído la geopolítica directamente al patio de su casa.
Con el lema “Buy Canadian”, Ottawa ha decidido que el 70% de su gasto militar (unos 500,000 millones de dólares en la próxima década) se quede en empresas locales. Para los gigantes de la defensa esto significa la pérdida de su mercado más cautivo, pero el golpe más duro es para quienes intentan construir una vivienda en suelo estadounidense.
El sector de la construcción en Estados Unidos está viviendo su propia “tormenta perfecta”. Mientras Washington impone aranceles de hasta el 45% a la madera canadiense, el gobierno canadiense ha respondido priorizando su producción de madera para su propia infraestructura de seguridad y nuevos desarrollos soberanos.
Por si fuera poco, la nueva política industrial de seguridad canadiense impone el requisito de usar solo acero nacional en proyectos federales de gran envergadura está secando la oferta que solía alimentar los rascacielos de Chicago y Nueva York, elevando los costos de la infraestructura civil estadounidense en un 15%.
El gobierno de Estados Unidos se enfrenta ahora a una realidad incómoda: su retórica proteccionista ha engendrado un espejo en el norte. Al intentar “proteger” la industria maderera y siderúrgica local, ha provocado que Canadá acelere su independencia, diversificando sus exportaciones hacia Europa y Asia, y dejando a los constructores estadounidenses con materiales más caros y una mano de obra que empieza a mirar hacia las lucrativas y estables licitaciones de defensa en el norte.
“La soberanía no es solo una bandera; es tener el control de tus propios suministros básicos”, dijo el primer ministro canadiense. Este principio de Carney es el que hoy está dejando a las constructoras de EE. UU. sin madera y al gobierno de Washington sin el socio dócil que solía tener.
Fracking: la decisión presidencial
Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que Pemex evalúa la posibilidad de realizar fractura hidráulica o fracking para la extracción de hidrocarburos, siempre y cuando se realice bajo la condición de que no implique riesgos ambientales y sociales.
El argumento de la presidenta fue contundente: “Todo el gas que importamos de Texas proviene de fracking, el desafío consiste en ampliar la producción interna sin replicar los daños ambientales asociados a esa técnica”. Es por ello que se analiza técnicas que reciclen agua, el empleo de químicos menos corrosivos y utilizar la técnica zonas alejadas de núcleos poblacionales.
Estados Unidos es el principal productor de petróleo y gas a nivel mundial desde 2017 y, a su vez, Texas es el mayor productor de dichos hidrocarburos en aquel país. Fundamental en ello ha sido la explotación de los yacimientos de Eagle Ford y de la Cuenca Pérmica, principalmente mediante el fracking, el cual consiste en inyectar a alta presión una mezcla de agua, químicos y arena para fracturar y separar las rocas para que el petróleo y gas puedan fluir por los ductos. La técnica tiene más de un siglo y se ha ido perfeccionando, aunque ha sido motivo de cuestionamientos debido a posibles daños a mantos acuíferos, tierras para siembra y del aire por las emisiones de metano, e incluso que provoca sismos donde antes no se registraban.
Los citados yacimientos de Eagle Ford y de la Cuenca Pérmica llegan hasta Tamaulipas y Coahuila, de este lado de las fronteras identificadas como cuencas Tampico-Misantla, Veracruz, Sabinas y Burgos. La diferencia es que de este lado no se están aprovechando estos yacimientos.
Contrario a lo que afirman algunos, no existe impedimento legal alguno para aplicar el fracking en la explotación de hidrocarburos en México, aunque el entonces presidente López Obrador se manifestó reiteradamente en contra de su aplicación, y en su último año de gobierno envió una iniciativa que incluía prohibir la minería a cielo abierto y el fracking con agua como fluido base.
La iniciativa quedó pendiente y, por lo dicho por la presidenta, seguirá así. La exigencia para cuidar el ambiente no es solo un buen deseo, existe tecnología avanzada en fracking con las características que refirió Sheinbaum con reducidos riesgos ambientales. Lo más importante es que se diera la decisión política de seguir adelante, y ya está dada.
Reino Unido: otra vez la monarquía en el banquillo de los acusados
Nunca fue más pertinente el dicho de que el hilo siempre se rompe por lo más delgado. La detención del expríncipe Andrés —hermano del rey Carlos III de Gran Bretaña— marca un punto de quiebre que va mucho más allá de la suerte personal de uno de los miembros más controvertidos de la familia real. No se trata únicamente de un episodio judicial, sino de un momento de prueba para la monarquía británica. El que un miembro de la realeza, por más defenestrado que esté, cruce el umbral de una estación de policía, rebasa el daño reputacional para ingresar en el terreno de lo institucional.
Su desgracia tiene nombre y apellido: Jeffrey Epstein. Sus vínculos con el delincuente sexual, que van desde fotografías, testimonios y un acuerdo millonario con Virginia Giuffre —una de sus víctimas— fueron erosionando su posición pública hasta volverlo políticamente insostenible. Fue apartado de funciones oficiales, perdió títulos y patronazgos. En términos prácticos, ya había sido inmolado en el altar de la supervivencia institucional.
La monarquía contemporánea británica ha superado momentos verdaderamente difíciles. Desde la abdicación de Eduardo VIII hasta el terremoto mediático tras la muerte de Diana, Princesa de Gales, durante el reinado de Isabel II. Hasta ahora la Corona ha mostrado una resiliencia que rompe todos los patrones. Sin embargo, el contexto actual es muy diferente: la transparencia es más exigente, la opinión pública más vigilante y las redes sociales menos tolerantes.
Carlos III está haciendo malabares con una granada sin seguro. Su proyecto de una monarquía más reducida y eficiente encuentra en este episodio una prueba de coherencia. La reacción oficial —marcar distancia y reiterar que la ley debe seguir su curso— trata desesperadamente de enviar un mensaje de que nadie está por encima del escrutinio de la ley.
Las consecuencias podrían verse reflejadas en distintos frentes. Jurídicamente, el proceso dependerá de pruebas concretas y podría extenderse durante meses, incluso años. Políticamente reavivará el debate republicano, particularmente entre generaciones más jóvenes, que cuestionan la existencia de una monarquía que se ha reducido a su participación en eventos protocolarios. Internacionalmente, podría afectar la imagen del Reino Unido en una Commonwealth donde algunos países ya han optado por modelos republicanos.
Tal vez el mayor riesgo no sea una condena, sino la acumulación de dudas. La percepción de privilegio o de opacidad puede erosionar la legitimidad de una institución que sobrevive gracias al crédito moral que le otorga la ciudadanía. La detención de Andrés Mountbatten Windsor –como ahora se le conoce– no derriba la monarquía, pero la obliga a analizar la coherencia de su narrativa: si la Corona encarna la estabilidad y el ejemplo, deberá demostrar que las palabras no son solo herencia sino convicción práctica.
La historia sugiere que la monarquía sobrevivirá. La incógnita no es si resistirá, sino cuánta autoridad moral se erosionará en el trayecto.
El optimismo laboral que incomoda
Contra todo pronóstico, el trabajador mexicano arranca 2026 con una convicción poderosa: nueve de cada diez creen que tendrán mejores oportunidades laborales que el año pasado, eso afirma la encuesta de OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México. Pero el dato más revelador no es el optimismo, sino lo que lo acompaña: casi dos de cada tres quieren cambiar de empleo. No es euforia, es conciencia de valor.
Hoy el talento en México ya no espera a que lo desarrollen, se desarrolla solo. Ocho de cada diez mejoraron sus habilidades tecnológicas el año pasado, entendiendo que la empleabilidad es una responsabilidad personal. La inteligencia artificial y la digitalización no son una amenaza abstracta; son herramientas concretas que muchos ya están incorporando para competir mejor.
Al mismo tiempo, las prioridades son claras: mejores ingresos, crecimiento profesional y equilibrio entre vida y trabajo. El bienestar dejó de ser discurso aspiracional para convertirse en exigencia. En un país donde durante décadas predominó la estabilidad por encima de la movilidad, ahora la lealtad laboral es una decisión racional, no automática.
Este optimismo incomoda porque obliga a reaccionar: Obliga a las empresas a ofrecer algo más que un salario y obliga al sector público a fortalecer condiciones de competitividad real. El trabajador mexicano ya cambió porque es más informado, más móvil y más estratégico. La pregunta no es si habrá oportunidades en 2026, sino quién estará listo para responder a un talento que ya entendió su propio poder.
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