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Cuando Trump adula, México cede

por El Consejero

La llamada telefónica de ayer entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, merece ser analizada con lupa. No porque sea un gesto diplomático rutinario, sino porque en la política internacional las palabras nunca son inocentes. Y cuando Trump elige la adulación, la experiencia nos dice que detrás hay una concesión mexicana.

Trump no es un político que regale elogios gratuitamente. Su estilo ha sido siempre el de la presión, la amenaza velada y el cálculo transaccional. Por eso, cuando se deshace en halagos hacia Sheinbaum, lo que realmente está enviando es un mensaje: México cedió en algo. Puede ser en materia migratoria, en cooperación de seguridad, en acuerdos comerciales o en algún tema energético. Lo que sea, el elogio es la envoltura de una negociación desigual.

El problema no es la conversación en sí, sino la narrativa que se construye alrededor. Si el gobierno mexicano presenta la llamada como un triunfo diplomático, cuando en realidad implica concesiones, se corre el riesgo de normalizar la subordinación. La política exterior no puede reducirse a la búsqueda de aprobación del vecino del norte, porque eso erosiona la soberanía y debilita la posición de México en el tablero internacional.

La política exterior no puede medirse en aplausos ni en halagos. Cada vez que Trump adula a un presidente mexicano, la pregunta obligada es: ¿Qué entregamos? La diplomacia debe ser firme, transparente y orientada a defender los intereses nacionales, no a buscar la aprobación de un interlocutor que ha demostrado usar la adulación como arma de negociación.

Sinaloa: el crimen y la apropiación del monopolio de la violencia

La violencia que estalló esta semana en Sinaloa no es un episodio aislado ni un “repunte coyuntural”; es la confirmación de un deterioro sostenido del control estatal. El ataque a balazos contra diputados locales de Movimiento Ciudadano, el atentado contra el secretario de Seguridad en Culiacán, la desaparición de al menos diez trabajadores mineros en Concordia y la cadena de enfrentamientos registrados en distintos puntos del estado dibujan un mensaje común: los grupos criminales actúan con capacidad operativa, impunidad y vocación de desafío abierto al poder público. No se trata solo de violencia criminal, sino de violencia política, simbólica y territorial.

A diferencia de otros momentos, los blancos ya no son únicamente rivales del narcotráfico o fuerzas de seguridad de bajo perfil. Estos últimos días fueron legisladores en funciones, policías de alto mando y trabajadores civiles atrapados en zonas de control criminal. Eso revela no solo fuerza de fuego, sino control de información, inteligencia local y una certeza preocupante: el costo de sus fechorías es bajo. En ese contexto, hablar de avances reales en la lucha contra grupos criminales resulta, cuando menos, difícil de sostener.

Ciertamente, las detenciones selectivas y los operativos federales que se anuncian periódicamente no han modificado la dinámica de fondo: las facciones del Cártel de Sinaloa continúan disputándose el territorio con violencia abierta, mientras el Estado reacciona más que previene y administra la crisis en lugar de resolverla.

El gobierno federal mantiene presencia, pero no control. La Guardia Nacional, la Marina y el Ejército están desplegados, sí, pero su actuación ha sido intermitente y focalizada. No hay señales claras de una estrategia integral que desarticule estructuras financieras, redes políticas y control social del crimen organizado. La persecución de “objetivos prioritarios” ha fragmentado, no debilitado a los grupos delincuenciales, multiplicando focos de violencia. En ese sentido, más que un fracaso absoluto, lo que se observa es un agotamiento del modelo actual de seguridad.

En el centro de esta tormenta está el gobernador Rubén Rocha Moya. Su permanencia en el cargo, pese a las crecientes demandas de renuncia desde sectores empresariales, políticos y académicos, se explica menos por resultados y más por equilibrios partidistas. Rocha Moya se sostiene por el respaldo de Morena y por la ausencia de un mecanismo institucional que traduzca el descontento social en consecuencias políticas reales. Su discurso –basado en la coordinación con la federación y la negación de un “Estado fallido”– contrasta con la percepción ciudadana de inseguridad cotidiana y con hechos que desmienten cualquier narrativa de control.

Mientras tanto, la entidad se convierte en un ejemplo de lo que “no se debe hacer”, incluso en el plano internacional. Figuras como Donald Trump vuelven a amenazar con acciones unilaterales contra el narcotráfico mexicano y Sinaloa aparece inevitablemente en el radar discursivo, aunque no exista hoy un riesgo inmediato de intervención. El verdadero peligro no es externo, es la normalización interna de la violencia como forma de gobernanza criminal.

La semana que termina deja una amenaza clara. No estamos ante una crisis pasajera, sino ante un punto de inflexión. Si el Estado no redefine su estrategia y su responsabilidad política, Sinaloa seguirá avanzando hacia un escenario donde impera la “ley de la selva”. Los primeros síntomas ya saltan a la vista, y cuando eso ocurre, empezamos a dejar de hablar de seguridad para entrar de lleno en el terreno de la ingobernabilidad.

Morena, Verde y PT: no es el amor el que los une

En medio de diferencias precisamente electorales, Luisa María Alcalde, Karen Castrejón y Alberto Anaya, dirigentes de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo respectivamente, firmaron una declaratoria de coalición para las elecciones de 2027, donde se renuevan 17 gubernaturas; los 500 diputados federales; la renovación de 30 congresos estatales; 2,240 presidencias municipales y ayuntamientos y las 16 alcaldías de la Ciudad de México y su congreso.

En el caso de las gubernaturas, se trata de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. 

El acuerdo tripartidista se da a pesar de que dirigentes del Verde y PT se han manifestado en contra de la reforma electoral en cuanto a la desaparición de las diputaciones plurinominales como actualmente están contempladas, que permiten repartir curules sin hacer campaña, representan un fuerte ingreso económico, y para el PT, son las que prácticamente le permiten sobrevivir. Seguramente ya no transite en ese punto la reforma propuesta por Pablo Gómez y apoyada en ese punto por Sheinbaum.

Pero hay otros frentes que se cerraron: el antecedente de San Luis Potosí, donde el propio gobernador Ricardo Gallardo vetó la llamada “Ley Esposa”, la cual hubiera beneficiado a su cónyuge, la senadora Ruth González Silva. También el riesgo en Zacatecas de una candidatura de Saúl Monreal por el Verde o el PT, sin Morena. En cuanto a las elecciones, salvo que suceda alguna sorpresa, no se ven riesgos de que la coalición gobernante pierda alguna entidad, y sí posibilidades de arrebatar alguna de las opositoras, con Nuevo León y Chihuahua como probables, Aguascalientes y Querétaro, difíciles, pero seguro alcanzando en las cuatro, por lo menos, ubicarse como segunda fuerza. 

Ya a nivel diputados y municipios la situación se ve más compleja. Ya en anteriores procesos, algunas candidaturas no han ido en alianza, particularmente el Partido Verde, el cual ha jugado con lo mejor de los dos mundos: solos donde tienen candidatos fuertes, en coalición donde no es así. El partido ha mantenido un importante crecimiento desde que inició las alianzas con el partido que veía ganador en su momento -PAN, PRI y ahora Morena-, y no extrañe que para 2030, según convenga, vayan solos.

La situación ha sido diferente con el PT. Salvo excepciones aisladas de una que otra diputación y presidencia municipal, la franquicia de Alberto Anaya sigue dependiendo de las sobras que le deje la coalición, y de medrar de alguna ruptura en Morena, como en Coahuila con la malograda candidatura de Ricardo Mejía. Ahora una alternativa que buscan hacer crecer es en Oaxaca, impugnando los resultados de la consulta de revocación de mandato, luego de la mala relación del PT con el gobernador Salomón Jara, pero se ve muy incierto lo que les lleve eso.

Aún sin elecciones, este 2026 preelectoral será intenso. Aguantándose hasta los odios, ya amarrada la coalición, lo que sigue será lograr procesos internos donde todos queden conformes.

El equilibrio entre salario, bienestar y permanencia

La movilidad laboral en México ya no es una señal de alarma, sino un síntoma claro de transformación. Que 9 de cada 10 colaboradores estén dispuestos a cambiar de empleo en 2026 no habla de falta de compromiso, sino de un mercado más consciente, informado y exigente. El estudio “Market Research 2026” de Computrabajo, el sitio de empleo líder en Latinoamérica, nos demuestra que hoy en día, el talento compara, evalúa y elige con criterios que van mucho más allá del sueldo y ese cambio de lógica obliga a las empresas a replantear sus certezas.

Durante años, la rotación se explicó casi exclusivamente desde el salario, sin embargo, los datos muestran que las condiciones laborales pesan más que la compensación económica cuando un profesionista decide dar el siguiente paso. El desarrollo profesional, el equilibrio vida-trabajo, el clima laboral y la flexibilidad conforman una ecuación donde el salario sigue siendo relevante, pero ya no es el principal factor de permanencia. Aquí surge un dato interesante; mientras los colaboradores priorizan bienestar y crecimiento, muchas organizaciones siguen interpretando la rotación como un problema de dinero.

Este desajuste implica que las estrategias de atracción y retención podrían estar atacando el síntoma equivocado, ya que invertir solo en aumentos salariales sin revisar la experiencia integral del empleado puede ser una solución parcial, pero un gasto ineficiente, porque el talento no solo busca ganar más, busca avanzar, aprender, sentirse escuchado y tener un trabajo compatible con su vida personal.

El estudio nos deja claro que en 2026, las empresas no solo compiten por talento, compiten por relevancia como empleadores. Entender qué mueve a las personas, alinear expectativas y ofrecer experiencias laborales coherentes ya no es un beneficio adicional, es una condición para seguir siendo competitivos.

Porque cuando el talento elige, gana quien mejor escucha.

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