En la conferencia matutina del miércoles, Luz Elena González, secretaria de Energía, acompañada de Emilia Calleja, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció la aprobación de 20 proyectos de generación eléctrica bajo planeación vinculante, con una inversión de más de 4,750 millones de dólares y una capacidad de 3,320 megawatts (Mw). 15 de los proyectos son de energía fotovoltaica y cinco de energía eólica ubicados en 11 estados, cinco de los cuales están en Yucatán, otros en Campeche, Hidalgo, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro.
Dado el resultado con la agilización de trámites de seis a dos meses, con 20 de los 34 proyectos anunciados en octubre, la secretaria de Energía adelantó que habrá una segunda convocatoria de atención prioritaria a proyectos privados en el primer trimestre de 2026. Asimismo, Emilia Calleja informó de los avances en otros proyectos en marcha o por arrancar, particularmente cinco Centrales de Ciclo Combinado (CCC) y la continuidad del complejo fotovoltaico de Puerto Peñasco, que será el más grande de América Latina.
Cabe señalar que, como para respaldar lo que venía, unos días antes, se dio a conocer el otorgamiento de un crédito de 300 millones de dólares a CFE por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para financiar proyectos de infraestructura de transmisión y distribución contemplados en el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional.
Los anuncios hechos y la presencia de las titulares de Sener y CFE en la mañanera, con todo el respaldo que significa para esta última por parte de la secretaria González Escobar y la presidenta Claudia Sheinbaum, echan por tierra las versiones – muy detalladas por cierto-, de la salida de Emilia Calleja de la Comisión. A diferencia del sexenio pasado, en que Rocío Nahle y Manuel Bartlett eran gurús de la soberanía energética, en esta administración se ve una cabeza de sector y planeación en los proyectos.
Veremos si este viernes se da a conocer en la mañanera la firma de los contratos mixtos de Pemex, cerrando decorosamente el año en el sector energético.
Registro de líneas celulares, ¿se cumplirá la meta?
A menos de un mes, específicamente el 9 de enero de 2026, para que entre en vigor el registro obligatorio de líneas telefónicas celulares en México, existe preocupación por la falta de difusión sobre la medida.
Como se ha dado a conocer, todas las líneas deberán vincularse a una persona titular quien tendrá que registrar su identificación oficial y CURP. Para ello, las empresas telefónicas contarán con un plazo de 120 días para completar los registros. Sin embargo, muchos usuarios desconocen aún la medida, por lo que existe la duda si será posible que en ese plazo se logre la meta.
Dentro de todo, hay un punto que es importante aclarar, ya que a diferencia de otros intentos que han existido en el pasado, como por ejemplo el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (Renaut), el cual buscaba en términos generales, lograr la misma medida, en esta ocasión el procedimiento será diferente.
En este sentido, se ha aclarado que el listado estará en posesión de las compañías celulares, más no del gobierno como lo pretendía el Renaut, es decir, que serán las propias empresas quienes deberán resguardar esa información de manera confidencial, obviamente, en apego a la Ley de Protección de Datos Personales.
Por lo pronto, las empresas ya se encuentran en una carrera contrarreloj para lograr que puedan realizarse dichos registros. No obstante, sería importante que además de aclarar que se trata de un proceso, que si bien es privado, debe ser obligatorio, es imperativo que se haga énfasis en una difusión efectiva de la medida que permitirá poner orden al registro telefónico, algo que hasta ahora no se ha logrado.
Día Internacional del migrante: ponerse en los zapatos del otro y dar tres pasos
En medio de grandes retrocesos, se conmemoró este jueves un día más del migrante. Una fecha cargada de una amarga paradoja: nunca había habido tantos migrantes en el mundo –más de 300 millones de personas– y, al mismo tiempo, nunca habían sido objeto de tanta desconfianza, miedo y hostilidad desde los Estados que más se benefician de su trabajo.
Quizá el mayor reflejo de esto lo encontramos en Estados Unidos con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Hoy la nación construida por migrantes vive una nueva etapa de persecución institucionalizada en contra de quienes no cuentan con documentos que avalen su estancia en el país. Redadas en ciudades, detenciones sin antecedentes penales, procesos acelerados de deportación; centros de detención saturados y una narrativa política que criminaliza la migración.
Cifras citadas por la BBC señalan que 65 mil personas permanecen en centros de detención a lo largo de la Unión Americana, 605,000 han sido expulsados y 1.9 millones se han autodeportado, víctimas del terror desatado al interior de las escuelas, centros hospitalarios, fábricas, empresas y barrios enteros donde la amenaza de ser desterrados es el pan de cada día.
El costo humano es muy alto. Más de cinco millones de niños en Estados Unidos viven con al menos un padre indocumentado, lo que significa que cada operativo migratorio cuenta con el potencial de convertirse en una separación familiar.
Europa no le va a la zaga. El continente alberga 90 millones de migrantes internacionales, pero ha optado por una estrategia de contención cada vez más dura. En la última década, más de 30 mil personas perdieron la vida o desaparecieron en el Mediterráneo, miles más murieron este año en rutas cada vez más largas y peligrosas, producto del cierre de vías legales de acceso al asilo.
Las guerras siguen expulsando personas fuera de sus hogares a una escala pocas veces vista. Ucrania ha generado más de 6 millones de refugiados fuera de su territorio. Gaza vive uno de los desplazamientos internos más crueles de este siglo, con más del 80% de su población forzada a moverse en condiciones extremas. Sudán, Siria, Afganistán y Haití completan el mapa.
Y, sin embargo, el refugio se concede cada vez menos.
México vive una de las expresiones más claras de esta crisis global; decenas de miles de personas son detenidas cada año en territorio nacional, con picos históricos recientes. Cerca de la mitad de quienes llegan ya considera a nuestro país como destino, no por elección plena, sino porque el camino hacia el norte se volvió casi imposible.
Bajo la presión de Washington, México se ha convertido en una frontera adelantada, contiene, dispersa, desgasta. Hace el trabajo que Estados Unidos no quiere hacer en su propio territorio, pero sin recursos, sin el marco institucional. El resultado es una nación saturada de personas en espera: de papeles, de resoluciones, de futuro.
Un día que debería movernos a la reflexión: nadie se va de su país por gusto o por capricho. Se va porque quedarse se volvió imposible, ya sea por la falta de oportunidades, persecución política, guerras y muchas veces el hambre.
No nos vendría mal un poco de empatía y compasión, porque si le rascamos un poco, la crisis migratoria refleja la peor parte de nosotros; y si observamos bien del otro lado del espejo, nos enfrentamos a una crisis moral global de grandes proporciones.
Kallify: seguridad jurídica que protege el patrimonio
En un mercado inmobiliario donde el fraude y los vacíos legales siguen siendo un riesgo latente, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Sección Ciudad de México (AMPI CDMX), y Kallify firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones inmobiliarias. Mediante acceso preferencial a servicios de dictaminación jurídica para los asociados, este acuerdo busca prevenir riesgos legales y fraudes en la compraventa de inmuebles, impulsando la revisión legal en las etapas iniciales de la transacción.
Kallify, primera Proptech Legaltech especializada en dictaminación jurídica digital realizada por notarios, destacó que muchos conflictos –como copropiedades no aclaradas, embargos, adeudos o trámites sucesorios incompletos– suelen detectarse cuando la operación ya está avanzada, con costos económicos y legales para las partes. La dictaminación temprana permite conocer la situación real del inmueble y tomar decisiones informadas antes de firmar contratos o entregar anticipos.
Por su parte, AMPI CDMX subrayó que la certeza jurídica es esencial para proteger el patrimonio de las familias y profesionalizar el sector inmobiliario. A través de este convenio, los asesores podrán acceder a dictámenes notariales, asesoría legal especializada, opiniones de valor y consultas de no adeudo, fortaleciendo así la confianza en cada operación y elevando los estándares de seguridad en el mercado inmobiliario de la Ciudad de México.
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