A inicio de semana, nuevamente el presidente Donald Trump amenazó con aplicar un arancel de 5 por ciento si México no entrega 246 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del Río Bravo a agricultores de Texas antes de que termine el año. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que se buscará el mejor acuerdo con Estados Unidos, explicando que han habido dos limitantes para su cumplimiento: las necesidades de agua de México cumpliendo con el tratado y el tamaño del ducto que lleva agua al Río Bravo.
Como se recordará, a finales de abril de este año, Trump advirtió que aplicaría sanciones a México por el incumplimiento en las entregas de agua del Río Bravo. Una semana después, nuestro país entregó a Estados Unidos 90 millones de metros cúbicos de agua de afluentes de dicho río y ya no hubo sanciones.
El Tratado del Agua de 1944 es benéfico para México. El acuerdo permitió la construcción de las presas internacionales Falcón y Amistad, esta última con el vertedor más grande de nuestro país, capaz de desalojar 42 mil metros cúbicos de agua por segundo. A México le corresponde entregar a Estados Unidos cada cinco años 2,158 millones de metros cúbicos, y un promedio de 431.7 millones de metros cúbicos al año. Sin embargo, México recibe 4.5 veces más agua de la que entrega y puede llegar hasta cinco veces más si existen las condiciones que refiere el propio tratado. Aún así, y ese es el problema, México está deficitario en sus entregas.
Se deben considerar alternativas para cumplir con lo pactado, como transferir a Estados Unidos agua propiedad mexicana de las presas internacionales y asignar a Estados Unidos mayor porcentaje del agua acordada en el tratado, lo cual se hizo en abril y muy probablemente se vuelva a hacer este mes. En el mediano plazo, se tienen que tecnificar los distritos de riego, como el 005 de Chihuahua, el 025 y 026 de Tamaulipas, con la buena noticia de que este año se empezaron los trabajos de tecnificación en dichos distritos de riego, pero la mala de que los agricultores de los mismos estuvieron entre los que se manifestaron en contra de la Ley de Aguas, específicamente por los derechos de sucesión de las concesiones.
En el largo plazo, es necesario reglamentar el uso de la Cuenca del Río Bravo, lo cual no será fácil considerando las inconformidades con la ley aprobada; identificar nuevas fuentes de agua como posibles opciones, sea aguas subterráneas o desalinización; ver la posibilidad de construir acueductos, y ahorrar agua en la zona de la frontera.
Lo más probable es que no termine el año sin que México entregue agua y se posterguen los aranceles. Sin embargo, se tienen que tomar medidas si se quieren mantener los beneficios del acuerdo, pues el tratado fue firmado hace 80 años, cuando no había tratado de libre comercio y en la frontera vivían alrededor de 400 mil habitantes, hoy habitan cerca de 15 millones, hay industria a ambos lados, y la cantidad del agua es la misma.
Explosión en Michoacán: vuelco en la investigación
Cada vez queda más claro que la explosión ocurrida el pasado fin de semana en Michoacán no tuvo que ver con un “coche bomba”, sino que podría tratarse de pugnas entre grupos criminales.
Eso sale a la luz luego de que las primeras versiones dadas a conocer, incluso oficiales, hablaban de terrorismo y después se modificaron para referirse a delincuencia organizada.
Ayer en la Mañanera del Pueblo, durante el Informe de Seguridad, Omar García Harfuch, coordinador del gabinete de seguridad federal, confirmó que no se trató de un ataque dirigido ni que tuviera tintes ideológicos, además de que las dos personas que se encontraban al interior del vehículo que estalló serían integrantes de grupos delincuenciales.
Lo que es cierto es que la versión del terrorismo causó una auténtica revolución al interior de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, por lo que fue necesario aclarar que no se trataba de eso y que más bien todo derivaría de la pugna entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos.
Los dictámenes periciales en los que trabaja la Fiscalía General de la República, que ejerció su facultad de atracción, serán determinantes para llegar a la verdad de los hechos, ya que darán certeza plena para conocer lo que sucedió exactamente.
Resulta muy oportuno que se haya hecho la aclaración pertinente ya que en estos momentos el Gobierno de México lo que menos necesita es ruido innecesario, sobre todo con la administración del presidente estadounidense Donald Trump que solo busca el menor pretexto para contar con argumentos para atacar a los cárteles de la droga que operan en nuestro país, tal como lo ha hecho en Venezuela.
La Fiscalía General de la República y los dos Duartes
La detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y los nuevos cargos contra Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, ocurren prácticamente en sintonía con la llegada de una nueva titular en la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy. Es inevitable que esto genere lecturas políticas. Rara vez las procuradurías operan en el vacío y cada movimiento de alto perfil va necesariamente ligado a un mensaje.
Dos exgobernadores del PRI, dos símbolos del desvío sistemático de recursos públicos y, hoy, dos ejemplos de que la nueva Fiscalía quiere mostrar firmeza. La detención de César Duarte es particularmente reveladora. Extraditado en 2022 desde Estados Unidos por peculado y asociación delictuosa, ahora enfrenta un cargo adicional por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para procesarlo por este nuevo delito, México tuvo que solicitar autorización del gobierno estadounidense, como manda la legislación internacional.
Con el permiso en el bolsillo, la FGR procedió: un mensaje político tan inmediato como eficaz. Duarte, acusado de triangular recursos desviados del erario de Chihuahua mediante complejas operaciones financieras, es hoy un trofeo procesal que la fiscalía entrega a la opinión pública para decir “Aquí no hay intocables”, por supuesto, al menos no entre los opositores.
El segundo movimiento vino de la otra frontera: Guatemala autorizó a México para ampliar los cargos contra Javier Duarte de Ochoa. Desde 2017, cuando fue extraditado, el gobierno mexicano no podía acusarlo de delitos distintos a los pactados originalmente: asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con la autorización recién concedida, la FGR presentó una nueva acusación por peculado, basada principalmente en desvíos masivos documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Se habla de cientos de operaciones irregulares, decenas de miles de millones de pesos y un testigo clave: su propio extesorero, quien habría confesado que el esquema se diseñó desde el Palacio de Gobierno.
La interpretación es inevitable: las nuevas acciones de la FGR buscan mostrar una fiscalía activa, dura, “independiente”. Pero la contundencia tiene un patrón evidente: hacia afuera, no hacia adentro. Los dos Duartes son blancos perfectos: son impopulares, están políticamente derrotados, pertenecen a un partido sin poder federal y acumulan acusaciones desde hace años. Procesarlos tiene costo cero. Ignorarlos podría acarrear costos políticos más temprano que tarde.
La pregunta obvia es entonces, ¿qué pasa con los exgobernadores emanados de Morena que enfrentan denuncias, observaciones de la ASF o incluso carpetas abiertas en fiscalías estatales? El silencio también comunica. No puede desdeñar casos como el de Cuauhtémoc Blanco, fotografiado con líderes del crimen organizado y señalado por enriquecimiento irregular; Jaime Bonilla con acusaciones por contratos opacos y uso político de medios; Cuitláhuac García, con señalamientos por violaciones a los derechos humanos y uso faccioso de la fiscalía local. Y no son los únicos. El brazo de la justicia parece extenderse hacia la oposición, pero no hacia el partido en el poder.
No se trata de abogar por los indefendibles Duartes, un símbolo claro de una corrupción que no se termina de erradicar. Lo lamentable se encuentra en que la justicia parezca selectiva. Si la nueva fiscalía quiere demostrar que realmente “va en serio”, no basta con revivir expedientes seguros o seguir sumando nuevas carpetas de investigación contra los villanos de siempre. El verdadero punto de quiebre será cuando las investigaciones alcancen también a los exmandatarios que gobiernan o gobernaron con la casaca del partido oficial. Mientras esto no ocurra, será muy difícil sostener la narrativa de imparcialidad.
Nuevo León, líder en crédito hipotecario
En el periodo de julio a septiembre de 2025, Nuevo León se mantuvo como líder en la colocación de crédito hipotecario y como el estado más dinámico en el desplazamiento de vivienda en el país, en los segmentos Popular y Medio. En este trimestre se vendieron 7,954 unidades en la zona metropolitana de Monterrey, lo que representa un aumento trimestral de 3.9% y una baja de 2.5% con respecto al mismo trimestre del año anterior, de acuerdo a Tinsa by Accumin, la consultora y valuadora inmobiliaria multinacional.
El 38% de las ventas de la Zona Metropolitana de Monterrey se concentraron en la zona 1, que comprende los municipios de Apodaca, García, Guadalupe, Escobedo y San Nicolás de los Garza, con 3,030 unidades vendidas en el periodo. Por municipio, Juárez se mantuvo en primer lugar, con poco más de 1,600 unidades desplazadas, seguido por García y Escobedo con 1,164 y 867 unidades vendidas, respectivamente.
De las unidades vendidas, el 12% correspondió a unidades de departamentos y el 88% a unidades horizontales. Las ventas en departamentos presentaron una reducción de 26.6% con respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a precio, la variación del precio por metro cuadrado fue de 3.8% respecto al trimestre inmediato anterior, mientras que la variación anual frente al mismo trimestre del 2024 fue de 16.5%.
El stock de vivienda en la Zona Metropolitana de Monterrey al tercer trimestre de 2025 registró una disminución de 4,7% trimestral y de 12.1% anual, a pesar de que se incorporaron al mercado proyectos nuevos para sumar actualmente 437 desarrollos activos. En los segmentos Sociales (Económica, Popular y Tradicional) hay mayor participación de proyectos en los municipios de Juárez, García, Carmen y Apodaca, aunque mantienen una tendencia a la baja, con un total de 10,628 unidades, siendo el más bajo en los últimos años.
En el segmento Medio hay una mayor participación de proyectos en Apodaca, Monterrey, García y Guadalupe. El segmento Residencial y Residencial Plus, por su parte, presenta una mayor participación de proyectos en Monterrey, Santa Catarina y García. El stock disponible en estos segmentos en casas se mantiene casi en las 8,000 unidades con un número de proyectos en crecimiento constante que alcanza casi los 100 proyectos activos.
El mercado habitacional de Monterrey siempre es uno de los más equilibrados entre oferta y demanda, con un importante stock disponible en los segmentos tradicionales y medio. Por otro lado, la vivienda vertical en la Zona Metropolitana ha presentado señales de falta de stock de entrega inmediata, de acuerdo al área de inteligencia de Tinsa by Accumin.
